– Contratistas usarán la tecnología y mantendrán pagos de un dólar diario, generando fuertes críticas humanitarias.
Redacción / Información Internacional
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este martes la flexibilización de sus normas de detención, medida que autoriza a los contratistas privados y administradores de cárceles el uso de herramientas de inteligencia artificial para gestionar la comunicación con los migrantes recluidos. La dependencia federal argumentó que estas modificaciones buscan aligerar la carga administrativa de los operadores, manteniendo en paralelo el esquema de pago de un dólar al día para las personas detenidas que realizan jornadas de trabajo voluntario.
La actualización de estas directrices aplica de manera directa a las empresas con fines de lucro que administran las instalaciones. De acuerdo con el propio ICE, los ajustes se originaron a partir de las opiniones de sus socios comerciales, quienes solicitaban mayor margen de maniobra en sus operaciones. Sin embargo, diversos especialistas en política migratoria y derechos civiles señalan que la estrategia está diseñada principalmente para blindar a los contratistas, reducir sus costos de operación y limitar su responsabilidad legal.
La implementación de estas nuevas tecnologías ocurre en un escenario adverso para las aproximadamente 60 mil personas que actualmente se encuentran bajo custodia del sistema migratorio estadounidense. Michelle Brane, ex ómbudsman del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una etapa de la administración de Joe Biden, evaluó de forma directa las consecuencias de estas nuevas reglas. «Esto va a resultar 100 por ciento en un deterioro de unas condiciones de detención que ya son problemáticas», puntualizó.
Para la especialista, estas acciones no son un hecho aislado, sino que forman parte de un patrón por parte de las autoridades para evadir la rendición de cuentas y disminuir la supervisión sobre las corporaciones privadas. Brane enfatizó que la flexibilización de las normas evidencia una falta de prioridad respecto a las garantías básicas y la integridad física de la población detenida.
El cambio operativo se da a conocer en un periodo de constantes cuestionamientos hacia la red de detención del ICE. Recientemente, distintas organizaciones y reportes han documentado un número sin precedentes de fallecimientos al interior de estos centros. A esto se suman múltiples denuncias formales por negligencia médica, alimentación deficiente y hacinamiento.
Paralelamente a esta reestructuración en sus reglamentos, la agencia federal dispone hoy de una capacidad financiera histórica. Apenas la semana pasada, el presidente Donald Trump promulgó un proyecto de ley de gasto orientado al control de fronteras e inmigración por 70 mil millones de dólares, del cual el ICE recibirá más de la mitad. Esta inyección de capital asegura la continuidad de las operaciones de los contratistas, mientras el debate legal sobre las condiciones internas y el uso de inteligencia artificial en el manejo de poblaciones vulnerables apenas comienza a perfilarse en el ámbito legislativo.
