- Señala una campaña de desprestigio en su contra
- Defendió que durante su administración existió “claridad y honestidad” en la aplicación
- Exhibe ante los ciudadanos documentos oficiales
Josél Moctezuma
El exsecretario de Educación Pública y exalcalde de Izúcar de Matamoros, Melitón Lozano Pérez, emitió un posicionamiento público en el que rechazó categóricamente las acusaciones sobre un presunto daño patrimonial millonario durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en el municipio izucarense.
A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía y a la opinión pública, el también académico calificó como “falsas” y “calumniosas” las versiones difundidas en algunos medios de comunicación, donde se señalan supuestas irregularidades financieras ocurridas durante el periodo en el que fungió como presidente municipal suplente Benjamín Hernández Lima.
Lozano Pérez sostuvo que las cuentas públicas correspondientes a dichos ejercicios fueron aprobadas por el H. Congreso del Estado de Puebla, luego de los dictámenes emitidos por la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Precisó que dichas aprobaciones quedaron publicadas oficialmente en el Periódico Oficial del Estado los días 30 de noviembre de 2021 y 8 de febrero de 2023, documentos que —aseguró— pueden ser consultados por cualquier ciudadano y que acreditan la legalidad en el manejo de los recursos públicos.
En su posicionamiento, el exfuncionario afirmó que existe una campaña de desprestigio en su contra, la cual relacionó con los tiempos político-electorales que se aproximan.
“Resulta revelador observar el fenómeno de nado sincronizado en la difusión de estas mentiras”, expresó, al tiempo de cuestionar quién estaría detrás de la presunta estrategia mediática. Asimismo, defendió que durante su administración existió “claridad y honestidad” en la aplicación de los recursos públicos y aseguró que no cederá ante presiones o ataques políticos.
Finalmente, anexó evidencias documentales para sustentar sus declaraciones y reiteró que las acusaciones carecen de fundamento legal y administrativo.
