– El gobierno interpuso 20 denuncias y acudió a la ONU tras operativos migratorios.
José Gallardo / Información Internacional
Ante el deceso de 17 ciudadanos mexicanos durante diversas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el gobierno federal emprendió una respuesta legal que abarca múltiples procesos penales y una petición formal ante las Naciones Unidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó este miércoles los alcances de la estrategia diplomática, ejecutada bajo las instrucciones emitidas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los decesos, documentados desde mayo de 2025 a la fecha, derivaron en una solicitud inicial ante el Departamento de Justicia estadounidense para exigir la apertura de investigaciones exhaustivas.
A nivel territorial, el embajador Roberto Lazzeri formalizó las demandas en fiscalías estatales y de condado con jurisdicción en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. A la par, el diplomático presentó un posicionamiento ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio ICE, señalando las observaciones del Estado mexicano respecto a las condiciones al interior de los centros de detención.
En el ámbito internacional, el secretario Roberto Velasco Álvarez solicitó formalmente la intervención de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El propósito de este acercamiento es que el organismo internacional recabe evidencia paralela, revise los protocolos aplicados durante las redadas y formule recomendaciones.
Mientras los recursos legales siguen su curso ordinario, la red consular mantiene el monitoreo de las diligencias estadounidenses. De manera simultánea, el personal diplomático brinda apoyo y acompañamiento jurídico continuo a las familias de las víctimas para asegurar el pleno esclarecimiento de los hechos.
