La iniciativa parte de una premisa: los migrantes representan una fuerza económica y social de gran relevancia para México, debido a su aportación mediante las remesas y al papel que desempeñan en la economía estadounidense. sin embargo, sus impulsores sostienen que esa importancia no se ha traducido en una representación política, ni en políticas públicas acordes con su contribución.
La iniciativa propone una reforma constitucional, para garantizar la representación política de los mexicanos en el extranjero, fortalecer la protección del trabajo migratorio y canalizar las remesas hacia regionales.
Proyectos productivos después de más de 25 años de trabajo con comunidades migrantes, un grupo de promotores, con una propuesta integral, que busca redefinir la relación entre el estado mexicano y los millones de connacionales que residen fuera del país.
la propuesta se estructura en tres ejes: igualdad política, protección del trabajo migratorio y organización económica de las remesas. Igualdad política para los mexicanos en el exterior, el primer planteamiento; consiste en reformar el artículo 35 de la constitución, para reconocer plenamente los derechos políticos de los mexicanos que viven en el extranjero.
La propuesta, como “acción afirmativa por la igualdad política de los mexicanos en el extranjero”, busca que los ciudadanos mexicanos que conservan su nacionalidad, aunque residan fuera del país, sean considerados durante todas las etapas de los procesos electorales federales y locales.
Este cambio permitirá que las entidades con alta migración, cuenten con una representación política más acorde con el número de ciudadanos que mantienen vínculos jurídicos con México. Asimismo, argumentan que ampliar las condiciones para el voto desde el extranjero, contribuiría a garantizar un sufragio más libre, al reducir la posibilidad de que los electores sean objeto de presiones o amenazas derivadas de la violencia que afecta a algunas regiones del país.
Protección del trabajo migratorio el segundo eje; plantea una política integral de protección laboral para los trabajadores migrantes, con participación activa del estado mexicano. Entre las acciones propuestas destacan la promoción de acuerdos para facilitar la afiliación de mexicanos a sindicatos en Estados Unidos, con el eventual respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como programas permanentes de capacitación para el empleo.
También se plantea la creación de cooperativas de trabajo migratorio, que puedan operar como empresas protegidas dentro del marco laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La iniciativa propone además establecer normas especiales de protección para todas las personas que transitan por territorio mexicano con fines migratorios, independientemente de nacionalidad, y convocar a un congreso interparlamentario entre México, Centroamérica y el Caribe, para armonizar legislaciones en materia de protección al trabajo migrante.
Remesas para impulsar el desarrollo regional el tercer eje; propone transformar las remesas en un instrumento de inversión comunitaria. En lugar de que estos recursos se destinen únicamente al consumo familiar, la propuesta plantea crear sociedades de solidaridad social y cooperativas regionales, que permitan reunir parte del ahorro generado por las remesas para financiar proyectos productivos en las comunidades de origen.
Como complemento, se propone la creación de un mecanismo autónomo para administrar estos recursos, respaldado por financiamiento de la banca social, con el objetivo de impulsar inversiones capaces de generar empleo y reducir la migración forzada. Este modelo permitiría que las remesas funcionen como una herramienta de desarrollo económico sostenible, y no únicamente como un apoyo para el gasto cotidiano de las familias.
Una discusión vigente; las propuestas cobran relevancia en un contexto en el que millones de mexicanos residen en el extranjero, y las remesas continúan siendo uno de los principales ingresos de divisas para el país.
Aunque en las últimas décadas se han registrado avances como el voto desde el extranjero, organizaciones migrantes sostienen que aún existen pendientes en materia de representación política, protección laboral y aprovechamiento del potencial económico de las comunidades migrantes.
La agenda planteada busca colocar nuevamente estos temas en el debate público, con el objetivo de que los mexicanos que viven fuera del territorio nacional, no sólo sean reconocidos por su aportación económica, sino también como ciudadanos con plenos derechos y como actores estratégicos para el desarrollo de México.
