-La organización acusa despojo territorial y exige protección para comunidades indígenas nahuas
Redacción / Información nacional.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) acusó que la violencia que enfrentan comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez no responde únicamente a disputas entre grupos delictivos, sino a una estrategia ligada a intereses mineros que buscan apropiarse del territorio y de los recursos naturales de la región.
A través de un comunicado, la organización originaria de Tepetixtla, en el municipio de Coyuca de Benítez, señaló que el gobierno federal mantiene una narrativa que atribuye los recientes ataques armados y con explosivos únicamente al conflicto entre organizaciones criminales, dejando de lado —afirmó— el papel que juegan compañías mineras extranjeras interesadas en la zona de La Montaña y Costa Chica de Guerrero.
La OCSS sostuvo que existen al menos 24 concesiones mineras en la región y aseguró que grupos delictivos como “Los Ardillos” operan en favor de dichos intereses económicos. Según la organización, el objetivo es debilitar y expulsar a las comunidades indígenas para facilitar el control de territorios ricos en minerales.
“La delincuencia ha sido parte del capitalismo y de la contrainsurgencia”, expuso la agrupación en su posicionamiento, donde afirmó que las relaciones entre actores criminales y sectores económicos “no son secretas”, sino una forma de ejercer poder sobre las comunidades organizadas.
La organización también rechazó las declaraciones emitidas el pasado 12 de mayo por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló al Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), a Los Ardillos y a Los Tlacos como actores vinculados a la delincuencia organizada y responsables de la violencia que ha provocado el desplazamiento de cientos de habitantes nahuas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
Frente a ello, la OCSS defendió al Cipog-EZ y acusó que históricamente los movimientos sociales y comunitarios han sido señalados desde el poder con etiquetas criminales para desacreditar sus causas y justificar agresiones en su contra.
“Acusar a los que luchan por un mundo mejor de ser parte de la delincuencia no es nuevo”, expresó la organización, al recordar que en distintos periodos históricos se ha criminalizado a movimientos sociales y de autodefensa comunitaria.
La agrupación reiteró que las comunidades integradas en el Cipog-EZ mantendrán sus formas de organización autónoma, sus gobiernos comunitarios y la defensa de sus recursos naturales, cultura y territorio frente a las agresiones armadas.
Asimismo, exigió a las autoridades federales reactivar las medidas cautelares para el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, y responsabilizó a los tres niveles de gobierno por cualquier agresión o atentado que pudiera sufrir él o integrantes de la organización.
La OCSS recordó que desde 2015 las agresiones contra las comunidades vinculadas al Cipog-EZ han sido constantes. De acuerdo con sus registros, en ese periodo han documentado 81 homicidios y 25 desapariciones de pobladores de la región.
Entre los hechos recientes mencionó el ataque ocurrido el pasado 6 de mayo contra comunidades organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Cipog-EZ, atribuido al grupo criminal Los Ardillos.
La organización denunció además una escalada en la capacidad armamentista de los grupos agresores, quienes —aseguró— ya utilizan drones con explosivos y armas de alto calibre, superando ampliamente el equipamiento de las policías comunitarias, que en muchos casos cuentan únicamente con armas de cacería.
Finalmente, la OCSS insistió en que la violencia que padecen las comunidades indígenas de Chilapa tiene como trasfondo el control territorial y la explotación de recursos minerales estratégicos como oro, plata y otros minerales considerados críticos para la industria militar y tecnológica.
La organización advirtió que el interés por estos recursos podría intensificarse en los próximos años y sostuvo que las comunidades continuarán resistiendo para impedir el despojo de sus territorios ancestrales.
