El año 2018 no representó un simple relevo en la administración pública mexicana, sino la fractura histórica de un modelo que durante 36 años subordinó el interés nacional a las lógicas del mercado y el beneficio privado.
Lo que México ha vivido entre 2018 y 2026, bajo las conducciones sucesivas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, constituye un auténtico cambio de régimen y no un mero cambio de gobierno.
El núcleo de este quiebre histórico radica en la separación tajante entre el poder político y el poder económico, una frontera que el neoliberalismo había diluido por completo, al convertir al Estado en un gestor de minorías privilegiadas.
Al arrebatarle el control del presupuesto público a las élites corporativas y rescindir los esquemas de condonación fiscal y privatización corrupta, la Cuarta Transformación desató un encono profundo en la clase conservadora.
Esta resistencia patronal y mediática no es una disputa ideológica abstracta, sino la reacción visceral ante la pérdida de PRIvilegios, impunidades y negocios al amparo del poder. Frente a la vieja máxima tecnocrática que dictaba rescatar a los de arriba para esperar un goteo ilusorio hacia abajo, el régimen actual invirtió la pirámide bajo el principio humanista de que, por el bien de todos, “primero los pobres”.
Esta visión no solo moral, sino económicamente eficaz, devolvió al Estado su función redistributiva y colocó la justicia social como el eje motor del desarrollo nacional. En el terreno de los hechos concretos, la realidad material del pueblo mexicano ha experimentado una mutación profunda, que contrasta drásticamente con el estancamiento y la precarización de las décadas previas.
El cambio más sensible y trascendental es que hoy la gente tiene qué comer, recuperando la soberanía alimentaria en los hogares más vulnerables del país. Los datos duros desmoronan cualquier intento de descalificación: en este periodo de ocho años, 13.5 millones de personas lograron salir de la pobreza, y 1.5 millones abandonaron la condición de pobreza extrema, un logro inédito en la historia moderna de México.
A la par de este rescate social, se implementó una política de vivienda digna para los trabajadores, que dejó atrás los desarrollos inmobiliarios fallidos y lejanos del periodo neoliberal, priorizando créditos accesibles y de calidad.
Esta recuperación del bienestar se sustenta en un aumento histórico del salario mínimo de 154%, el cual en 2018 era de apenas 88.36 pesos diarios, monto contrastante con 2026 de 315.04 pesos en la mayoría de lugares del país, y en la zona norte 440.87 pesos diarios.
Esta solidez social se refleja directamente en la vitalidad macroeconómica del país, tal como quedó demostrado en los doce indicadores económicos positivos expuestos por la presidenta en la conferencia del pueblo el pasado jueves 28 de mayo de 2026.
Factores como la estabilidad de la moneda, la captación récord de inversión extranjera directa sin comprometer los recursos estratégicos, el control de la inflación y niveles mínimos históricos de desempleo, confirman que la economía moral funciona mejor que el libre mercado desregulado.
Aunado a esto, la población vive transformaciones cotidianas y tangibles, como la universalidad de las pensiones para adultos mayores, las becas estudiantiles que frenan la deserción y una conectividad de infraestructura pública que unifica al territorio nacional, devolviendo la dignidad al espacio común.
Sin embargo, el viraje de timón frente al consenso neoliberal ha despertado amenazas y desafíos de gran calibre, orquestados por fuerzas que buscan revertir los avances democráticos. El gobierno de la transformación enfrenta una embestida permanente de la oposición partidista nacional, articulada en el PRIAN, en complicidad con intereses extranjeros radicados en centros de poder, como Washington, Madrid y Buenos Aires.
Esta contraofensiva se despliega mediante una sofisticada guerra jurídica y mediática saturada de desinformación, calumnias, mentiras e insidias sistemáticas. Para operarla, se han financiado y construido movimientos artificiales creados al vapor desde las cúpulas, tales como la “Marea Rosa”, la denominada “Generación Z” opositora y, de manera más reciente, la plataforma “Mexicanos al grito por la paz”.
Estas expresiones no emergen de demandas populares legítimas, sino de laboratorios de comunicación cuyo propósito único es inocular el miedo, distorsionar la percepción pública y convencer a la mayoría de la población de que el proyecto elegido en las urnas es una estructura delictiva de narco políticos.
Con ello, la derecha busca fracturar la esperanza, sembrar el cinismo de que todos los políticos son iguales y generar las condiciones idóneas para un golpe de Estado blando o judicial, replicando el libreto utilizado contra otros gobiernos progresistas y democráticos de la región, que gozan de amplio respaldo popular.
A pesar de la virulencia de esta estrategia, la gran paradoja del escenario actual es que entre más insisten en atacar al movimiento de transformación y a la gestión de la presidenta, más credibilidad pierden los PRIvilegiados del viejo régimen (incluido el PAN).
Este fracaso de la derecha se debe a la existencia de un pueblo mucho más politizado que en el pasado, un pueblo que es testigo directo de los logros económicos en sus bolsillos y comunidades, y que posee un sentido común agudo e inteligente.
La ciudadanía mexicana ha dejado de ser un espectador sumiso de los oligopolios de la comunicación; hoy comprende el trasfondo de los ataques y está dispuesta a defender su soberanía, su memoria histórica y su identidad con profundo orgullo y coraje.
Ante este panorama de confrontación de proyectos, el momento actual exige la máxima unidad popular, la defensa irrestricta de la soberanía nacional frente a las injerencias externas e internas, y el respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, por ser jefa de Estado y representante de todo el pueblo mexicano, quien ha sido blanco de ataques, incluso más fuertes que a López Obrador.
La principal batalla que debe librarse en los días por venir es de carácter cultural, orientada a desmontar minuciosamente las narrativas tergiversadas de los medios corporativos, demostrando que sus campañas no constituyen información periodística, sino pura propaganda de guerra psicológica.
No se puede claudicar en la exigencia permanente del derecho que tiene el pueblo a recibir información veraz, ética y plural. La consolidación de estos ocho años de logros materiales solo será irreversible si se acompaña de una revolución de las conciencias capaz de blindar la dignidad conquistada, asegurando que el destino de la nación siga perteneciendo democráticamente a las mayorías.
