– Organizaciones exigen frenar la deportación de Víctor Salgado para que testifique sobre el homicidio.
José Gallardo / Información Internacional
Diversas agrupaciones de trabajadores migrantes y defensores de derechos humanos en Estados Unidos solicitaron la liberación inmediata del mexicano Víctor Salgado Araujo. El connacional es el principal testigo de la muerte de su hermano Lorenzo, quien fue abatido recientemente por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, y ahora se encuentra recluido en el centro de detención de Conroe.
Junto a Víctor, las asociaciones piden la liberación de otros dos hombres que presenciaron el operativo del pasado 7 de julio. El objetivo central es detener sus procesos de deportación para garantizar que participen de forma segura en las investigaciones sobre el homicidio, solicitando además al gobierno estadounidense medidas de protección para los testigos, con el fin de evitar actos de intimidación o coacción.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, advirtió que los incidentes fatales a manos de esta agencia federal no son casualidad. Al registrarse tres decesos en distintos estados en un lapso de apenas 11 días, Salas apuntó a un claro patrón de actuación. Señaló el riesgo de enviar oficiales armados a los vecindarios sin cámaras corporales, operando con falta de transparencia y sin rendir cuentas por sus acciones.
Por su parte, Francisco Moreno, titular del Consejo de Federaciones Mexicanas, expuso el clima de miedo que impera entre los indocumentados, quienes ahora dudan en salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, ir al médico o denunciar delitos. Moreno enfatizó que los derechos fundamentales de las personas no están condicionados a un estatus migratorio, una visa o la ciudadanía.
En el marco de estos reclamos, Amnistía Internacional México respaldó formalmente las acciones legales interpuestas por el gobierno mexicano. Estas quejas penales, dirigidas al Departamento de Justicia y a las fiscalías estatales, buscan esclarecer y fincar responsabilidades por los fallecimientos de migrantes ocurridos durante operativos y dentro de las instalaciones del ICE.
