-Buscan obligar a agresores a pagar rehabilitación y crear registro estatal
Karen Rojas / Puebla, Pue.
En el Congreso del Estado de Puebla fue presentada una iniciativa de ley que plantea endurecer las sanciones contra personas que incurran en maltrato animal, al obligarlas a cubrir la reparación integral del daño causado a los animales afectados.
La propuesta fue impulsada por la diputada Elisa Limón Balderrábano, quien planteó la creación de la Ley de Responsabilidad y Reparación del Daño por Maltrato Animal, con el objetivo de fortalecer la protección de los seres sintientes y establecer nuevas medidas legales en la entidad.
De acuerdo con el proyecto, los responsables de agresiones deberán asumir los costos totales de recuperación del animal, incluyendo atención médica veterinaria, medicamentos, cirugías, hospitalización y procesos de rehabilitación física y conductual. Además, se contempla que cubran gastos de alimentación y resguardo en refugios durante su recuperación.
La iniciativa también establece que, en caso de que asociaciones civiles o particulares hayan asumido estos gastos, el agresor deberá reembolsar los recursos utilizados en la atención del animal.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Estatal de Personas Infractoras por Maltrato Animal, en el que se integrarán los datos de quienes cuenten con sanciones firmes. Este padrón busca prevenir la reincidencia, así como limitar que estas personas puedan adoptar, comprar o trabajar con animales.
Asimismo, se plantea que quienes sean reincidentes podrían enfrentar la prohibición temporal o definitiva de tener mascotas o desempeñarse en actividades relacionadas con su cuidado.
La iniciativa contempla distintos tipos de responsabilidad, incluyendo directa, indirecta y por omisión, y señala que las sanciones se determinarán con base en la gravedad del daño, la intencionalidad y antecedentes del infractor en un periodo de hasta cinco años.
En materia de protección inmediata, el proyecto faculta a las autoridades para asegurar o decomisar al animal desde el momento de la denuncia si se detecta riesgo para su integridad, sin necesidad de esperar la conclusión del proceso legal.
La propuesta será analizada en comisiones del Congreso del Estado, y en caso de ser aprobada, el Gobierno estatal contará con un plazo de 90 días para emitir el reglamento correspondiente y 180 días para poner en operación el registro de infractores.
