-El contrato contempla tres comidas diarias para más de 7 mil internos; 14 de 16 penales reprobaron evaluación de derechos humanos
Redacción / Estatal.
El Gobierno de Puebla contrató hasta 126 millones 406 mil pesos para alimentar a más de 7 mil personas privadas de la libertad durante 2026, mediante un servicio que incluye desayuno, comida, cena y menús con carne de res, cerdo, pollo, pescado y postre.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adjudicó el contrato SA-SSP-DGA-C-002/2026 a Operadora de Comedores Saludables, S.A. de C.V., para suministrar, preparar y distribuir alimentos en los centros penitenciarios estatales. El servicio estará vigente del 6 de abril al 31 de diciembre de 2026.
El monto máximo establecido es de 126 millones 406 mil 73 pesos, IVA incluido, aunque el contrato fija un mínimo de 50 millones 562 mil 767 pesos. También contempla paquetes individuales de comida para personas imputadas atendidas por la Dirección de Medidas Cautelares y la Policía Estatal Procesal.
Los menús incluyen bebidas como café, atole, té y agua de sabor; guisados, leguminosas y tortillas o pan. El desayuno y la cena contemplan guisado y una porción de frijoles, lentejas o garbanzos, mientras que la comida incluye sopa, crema, arroz, pasta o vegetales, además de un postre.
Las especificaciones establecen porciones de 140 gramos de carne sin hueso de res, cerdo o pollo, así como de pescado, cuando estos productos formen parte de la comida principal. El contrato también prevé dietas especiales por prescripción médica, alimentación para menores que acompañan a sus madres en prisión y menús para personas incorporadas a programas de atención a las adicciones.
Para las personas imputadas bajo custodia o atención de las áreas correspondientes, el proveedor deberá entregar box lunch con una torta, sándwich o hamburguesa, agua, jugo, fruta y una barra energética. Este servicio está incluido en el mismo contrato.
De acuerdo con las cifras federales citadas en la información, Puebla registraba 7 mil 362 personas privadas de la libertad. El penal de San Miguel, en la capital del estado, concentraba el 44 por ciento, equivalente a aproximadamente 3 mil 239 internos.
El gasto se produce en un contexto de deficiencias penitenciarias: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorgó a Puebla una calificación general de 5.10 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. De los 16 centros evaluados, 14 obtuvieron calificaciones reprobatorias.
