– El morenista culpó a funcionarios estadounidenses y exigió respuestas al presidente Donald Trump.
José Gallardo / Información Internacional
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, informó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa. A través de un documento publicado en sus redes sociales, el político calificó la medida como un acto meramente propagandístico, asegurando que las autoridades extranjeras no tienen pruebas de que él haya cometido algún delito o falta a la moral a lo largo de su vida.
En el texto de tres páginas, López Beltrán señaló directamente a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y a Christopher Landau, subsecretario, de ordenar la cancelación de su documento. Describió esta acción como perversa y acusó a los funcionarios estadounidenses de intervenir en otros gobiernos y de recibir dinero de vendedores de armas y mafias económicas para financiar sus campañas.
Además, el político dirigió gran parte de su carta al presidente Donald Trump, a quien le preguntó de forma directa si estaba enterado de la situación. López Beltrán le planteó que, si conocía del tema, demostraba ser un gobernante prepotente; pero si lo ignoraba, le sugirió destituir a Rubio y a Landau, argumentando que actúan por un claro resentimiento hacia el partido Morena. Finalmente, advirtió que estará a la espera de una respuesta oficial por parte del mandatario estadounidense para saber qué medidas tomar.
Este conflicto diplomático ocurre a la par de los nuevos proyectos de López Beltrán, quien el pasado 25 de mayo renunció a la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, campaña por la cual ha estado realizando recorridos ciudadanos desde principios de agosto.
El retiro del documento a López Beltrán se suma a otros casos recientes de políticos mexicanos que han enfrentado la misma medida por parte del gobierno estadounidense. En la lista figuran personajes como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres; la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; así como los presidentes municipales de San Felipe y Nogales. En su momento, afectados como la gobernadora bajacaliforniana han declarado que esta decisión del Departamento de Estado no significa que existan investigaciones formales o acusaciones legales en su contra.
