-Defensa eliminará más de 30 procesos administrativos sin modificar controles de seguridad
Juan Rubio / Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) perfila una reestructuración administrativa que permitirá simplificar más de 30 trámites relacionados con la compra, registro, venta, traspaso y baja de armas de fuego en México, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos para ciudadanos, empresas y comerciantes autorizados.
La medida, proyectada para entrar en operación hacia abril de 2026, contempla eliminar requisitos considerados repetitivos o innecesarios en distintos procesos vinculados con armas, cartuchos, explosivos y pirotecnia, aunque sin relajar los controles de seguridad ni los filtros de antecedentes que actualmente exige la ley.
De acuerdo con la información difundida por la propia dependencia federal, los cambios se concentrarán exclusivamente en el aspecto administrativo, manteniendo intactos los mecanismos de supervisión y regulación establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Actualmente, cualquier persona interesada en adquirir legalmente un arma debe tramitar un permiso extraordinario de adquisición ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, órgano dependiente de la SEDENA encargado de regular todas las actividades relacionadas con armamento en el país.
El procedimiento también obliga al solicitante a presentar documentación oficial, acreditar el motivo de posesión, realizar el pago de derechos y esperar la autorización correspondiente, proceso que puede tardar entre 10 y 20 días hábiles.
Con la depuración de trámites, la Defensa Nacional pretende disminuir tiempos de respuesta y facilitar procesos como registros de posesión, cambios de propietario, compra-venta, regularización y bajas de armamento, especialmente para usuarios que actualmente deben realizar múltiples gestiones para un solo movimiento administrativo.
Pese a la simplificación, la SEDENA aclaró que continuará vigente la revisión de antecedentes y la verificación de requisitos legales para quienes busquen adquirir o portar armas de fuego.
La legislación mexicana establece que la Secretaría de la Defensa Nacional es la única autoridad facultada para comercializar, autorizar y controlar armas de fuego en el país, además de supervisar permisos relacionados con cartuchos, explosivos y artificios pirotécnicos.
Entre las modalidades permitidas para personas físicas se encuentran armas cortas para protección domiciliaria, rifles y escopetas para parcelas o actividades rurales, así como armamento destinado a caza deportiva o coleccionismo, siempre bajo autorización oficial.
En el caso de la portación, la ley mantiene que únicamente puede otorgarse mediante una Licencia Particular Individual de Portación de Arma de Fuego, siempre que el solicitante justifique plenamente la necesidad de portar un arma por razones laborales, de seguridad o circunstancias especiales.
La simplificación también alcanzará a empresas de seguridad privada, corporaciones policiales y personas morales que requieren licencias colectivas para adquirir, registrar o portar armamento.
Además de las armas de fuego, la reestructuración administrativa contempla trámites relacionados con explosivos y pirotecnia, sectores que actualmente operan bajo estrictos esquemas de permisos para fabricación, almacenamiento, traslado y comercialización.
La normativa vigente obliga a talleres pirotécnicos y establecimientos autorizados a cumplir medidas de seguridad específicas, como vigilancia permanente, sistemas contra incendios, bardas perimetrales, controles de almacenamiento y restricciones de venta al público.
Incluso la venta de artificios pirotécnicos a particulares está limitada por la ley a un máximo de 10 kilogramos sin permiso especial, mientras que los materiales utilizados para “quemas” requieren autorizaciones específicas de las zonas militares correspondientes.
La Defensa Nacional busca que la eliminación de trámites reduzca la carga operativa tanto para ciudadanos como para personal administrativo, sin modificar el marco legal que regula el control de armas en México.
Con ello, la dependencia federal pretende modernizar los procedimientos relacionados con armamento y materiales explosivos, manteniendo el control institucional sobre un sector considerado estratégico para la seguridad pública del país.
