-La iniciativa busca ampliar el acceso ciudadano a la información pública del gobierno
Redacción / Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes el decreto de transparencia digital, una medida con la que el Gobierno Federal busca fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información pública y establecer reglas claras sobre los datos que deberán difundirse de manera obligatoria por las instituciones.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo informó que el decreto será incorporado a la Ley General de Transparencia al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con el propósito de consolidar un marco legal que garantice a la población el acceso a la información relacionada con las acciones del gobierno.
Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de la reforma es eliminar la discrecionalidad con la que algunos servidores públicos determinaban qué información podía hacerse pública y cuál permanecía reservada. Indicó que, con los nuevos lineamientos, esos criterios quedarán definidos directamente en la legislación.
La mandataria señaló que la normativa establecerá de manera específica qué información deberá ser transparente y cuáles serán los casos excepcionales en los que podrá mantenerse bajo reserva, evitando que esa decisión dependa de la interpretación de cada dependencia o funcionario.
Precisó que únicamente podrán restringirse los datos relacionados con procedimientos administrativos o judiciales en curso, así como aquella información cuya difusión represente un riesgo para la seguridad nacional, supuestos que quedarán claramente establecidos en la ley.
Como parte de la presentación del decreto, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buen Rostro, dio a conocer que la estrategia se sustentará en cuatro ejes principales para ampliar la transparencia en la administración pública.
El primero contempla fortalecer la publicación de información sobre las contrataciones públicas; el segundo se enfoca en los procesos de fiscalización y auditorías; el tercero incorpora información relacionada con las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); mientras que el cuarto plantea invitar a los gobiernos estatales, municipales y a otros poderes públicos a adoptar el mismo modelo de transparencia.
La funcionaria explicó que el objetivo es que las dependencias difundan información más amplia que la establecida actualmente como obligación legal, con el fin de facilitar la consulta ciudadana y fortalecer la rendición de cuentas.
Buen Rostro también recordó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el traslado de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Plataforma Nacional de Transparencia presentó diversas fallas técnicas derivadas de la antigüedad del sistema.
