– El tribunal ratifica la Enmienda 14 y protege el derecho de nacionalidad por nacimiento.
José Gallardo / Información Internacional
En un revés significativo para la agenda política del presidente Donald Trump, la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó su orden ejecutiva que buscaba redefinir y eliminar la ciudadanía por nacimiento. Con esta decisión, el máximo tribunal garantiza que los hijos de padres indocumentados o con estancia temporal nacidos en territorio estadounidense mantengan este derecho consagrado en la Constitución.
La resolución se emitió durante el último día de un periodo de sesiones que, de manera general, se había caracterizado por fallos favorables hacia las amplias pretensiones de poder presidencial del mandatario. Sin embargo, mediante una votación de 6 contra 3, los magistrados determinaron que la cláusula correspondiente a la Decimocuarta Enmienda permanece intacta.
El juez presidente, John Roberts, lideró la postura de la Corte al reafirmar que cualquier menor nacido en el país se encuentra «sujeto a la jurisdicción» estadounidense, adquiriendo la ciudadanía de forma automática. Cabe destacar que este mecanismo legal existe actualmente en más de 30 países alrededor del mundo.
El intento de la administración por alterar la ley de manera unilateral se topó con un precedente legal superior a un siglo de antigüedad. El equipo legal de Trump argumentaba que la dinámica actual de la inmigración irregular creaba un «nuevo mundo» que no se ajustaba a los registros históricos y, por tanto, justificaba modificar la norma. Ante este razonamiento, Roberts fue tajante para rebatir la premisa al escribir: “Es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución”.
Este dictamen valida y sostiene el histórico caso de Estados Unidos contra Wong Kim Ark de 1898, el cual estableció que la enmienda otorga la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas dentro de las fronteras del país. A nivel político, el fallo frena la estrategia del presidente de intentar gobernar a través de decretos ejecutivos y subraya sus constantes fricciones con el poder judicial, sector al que ha criticado reiteradamente por no respaldar sus políticas, incluyendo a magistrados nominados bajo su propia gestión.
Pese al freno en los tribunales, los grupos enfocados en restringir la política migratoria ven una ventana de acción. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, analizó el resultado desde otra óptica y calificó la resolución como «casi un regalo para el presidente».
Lejos de abandonar sus esfuerzos, la confirmación de este derecho constitucional le otorga a la administración el margen y el argumento político para endurecer las reglas de los visados e intensificar las campañas de deportación. Según explicó Krikorian, el gobierno utilizará el fallo para justificar la necesidad de acelerar y multiplicar las expulsiones de los extranjeros del país, con el objetivo directo de retirarlos antes de que tengan la oportunidad de tener hijos en Estados Unidos.
