-Gobierno estatal adquirió 10 Suburban High Country mediante adjudicación directa
Abraham Onofre / Tlaxcala, Tlax.
Mientras el Gobierno de Tlaxcala anunció medidas de austeridad por falta de recursos, una compra de 10 camionetas Chevrolet Suburban High Country blindadas por 56 millones de pesos ha colocado bajo escrutinio el manejo del gasto público de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
La adquisición fue realizada con recursos del Sistema Estatal de Seguridad Pública y, de acuerdo con la información difundida sobre el contrato, cada unidad tuvo un costo aproximado de 5.6 millones de pesos, además de que el procedimiento se efectuó mediante adjudicación directa a la empresa EPEL S.A. de C.V.
Austeridad para unos, vehículos de lujo para otros
La controversia surge porque semanas antes el gobierno estatal informó que Tlaxcala enfrentaba un escenario de restricción presupuestal, por lo que se aplicarían recortes en distintos rubros de la administración pública.
Entre las medidas anunciadas figuraban ajustes salariales para trabajadores de niveles bajos, reducción de obra pública y disminución de apoyos sociales, bajo el argumento de mantener el equilibrio financiero del estado.
Sin embargo, la aparición de la flotilla de camionetas blindadas abrió cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y el destino de recursos públicos destinados a vehículos de alta gama.
Las unidades corresponden al modelo Chevrolet Suburban High Country, una de las versiones más equipadas del mercado, con interiores de lujo, sistemas tecnológicos, mesa de trabajo, pantallas y blindaje especializado.
Diez unidades y un solo secretario de Seguridad
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al número de vehículos adquiridos.
Aunque el estado cuenta con un titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el contrato contempla 10 camionetas blindadas, lo que ha generado dudas sobre el uso y asignación del resto de las unidades.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, varias de ellas serían utilizadas de manera frecuente para los traslados de la gobernadora, aunque hasta el momento el Gobierno de Tlaxcala no ha presentado públicamente un desglose oficial sobre la distribución y resguardo de cada vehículo.
La empresa contratada también está bajo la lupa
Otro elemento que ha intensificado el debate es la empresa beneficiada con el contrato.
La adjudicación fue otorgada directamente a EPEL S.A. de C.V., firma cuyo propietario ha sido señalado en investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y operaciones financieras irregulares.
Según la información difundida, el empresario enfrenta indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa como parte de investigaciones en curso. Es importante señalar que dichas investigaciones no constituyen una sentencia ni acreditan responsabilidad penal, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia.
Señalan posible sobreprecio de 20 millones
La compra también ha sido cuestionada por un presunto sobrecosto.
Comparativos con el mercado de vehículos blindados señalan que modelos equivalentes de la misma generación alcanzaban precios cercanos a 3.5 millones de pesos por unidad, mientras que el gobierno tlaxcalteca pagó 5.6 millones por cada Suburban.
De confirmarse esa diferencia, el monto adicional ascendería a aproximadamente 20 millones de pesos sobre el valor de referencia, una cifra que ha motivado exigencias de transparencia sobre las condiciones del contrato, el nivel de blindaje contratado y los criterios utilizados para justificar el precio final.
Exigen claridad sobre el gasto público
El caso ha reavivado el debate sobre las adjudicaciones directas y el uso de recursos públicos destinados a seguridad en un contexto de restricciones presupuestales.
Hasta ahora, el Gobierno de Tlaxcala no ha emitido una explicación detallada sobre las razones para adquirir diez camionetas blindadas de lujo ni sobre los criterios que sustentaron la contratación de EPEL S.A. de C.V. mediante adjudicación directa, por lo que diversos sectores han solicitado que el contrato y sus especificaciones sean transparentados para conocimiento de la ciudadanía.
