-Corte de Apelaciones limita el alcance del debido proceso federal
Redacción / Internacional.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos resolvió que la Constitución federal no garantiza un derecho constitucional específico al acceso a agua limpia ni obliga, bajo la cláusula de debido proceso, a que los funcionarios proporcionen información veraz sobre la contaminación del suministro público. La decisión deriva de una demanda presentada por habitantes de Jackson, Mississippi, quienes denunciaron años de exposición a agua contaminada con plomo.
El fallo, emitido el 4 de septiembre, confirma la desestimación de la demanda constitucional promovida por residentes de esa ciudad, donde el deterioro del sistema de agua potable ha sido motivo de litigios y señalamientos contra autoridades municipales.
El origen del caso
Los demandantes sostuvieron que durante años el sistema de distribución suministró agua con plomo y otros problemas de calidad que representaban un riesgo para la salud. Además, acusaron a funcionarios de asegurar públicamente que el agua era segura para el consumo, pese a conocer las deficiencias del servicio.
Con base en esos hechos, solicitaron que el tribunal reconociera la existencia de un derecho constitucional federal al agua limpia y a recibir información verdadera por parte de las autoridades sobre los niveles de contaminación.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados concluyó que esos derechos no cuentan con el fundamento histórico necesario para ser considerados libertades protegidas por la cláusula de debido proceso de la Constitución estadounidense.
Qué determinó el tribunal
La resolución no afirma que contaminar el agua sea legal ni elimina otras vías de protección para los ciudadanos. Lo que establece es que la Constitución federal, por sí sola, no reconoce un derecho específico al agua limpia dentro del debido proceso.
Asimismo, el tribunal rechazó la idea de que exista un derecho constitucional independiente a recibir información veraz de los funcionarios sobre la calidad del agua en este tipo de casos.
Los jueces señalaron que, aunque las acusaciones presentadas por los habitantes de Jackson son graves, no toda conducta incorrecta del gobierno constituye automáticamente una violación constitucional.
Una votación dividida
La decisión fue adoptada por el tribunal reunido en pleno.
De los integrantes, 10 jueces respaldaron la opinión mayoritaria, mientras que cinco emitieron votos disidentes. Otros dos magistrados no participaron al haberse recusado del caso.
La división refleja el desacuerdo jurídico sobre el alcance de las garantías constitucionales frente a servicios públicos esenciales, aunque la mayoría mantuvo el criterio de que corresponde al Congreso o a los estados crear ese tipo de protecciones mediante legislación, y no a los tribunales mediante interpretación constitucional.
Qué opciones tienen los ciudadanos
En su resolución, la Corte indicó que los afectados sí pueden buscar reparación por otras vías legales, incluyendo demandas basadas en leyes estatales o federales distintas a la Constitución. También mencionó que los residentes pueden acudir a sus representantes legislativos para impulsar cambios normativos o elegir autoridades que administren de mejor manera el sistema de agua.
El fallo representa un precedente importante sobre los límites del debido proceso en Estados Unidos: reconoce la gravedad de la presunta contaminación en Jackson, pero concluye que el acceso al agua limpia no constituye actualmente un derecho constitucional federal protegido bajo esa cláusula.
