**Organizaciones denuncian detenciones y órdenes contra periodistas, por contenido generado con IA**
Redacción
Información nacional.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, denunciaron un presunto clima de persecución judicial y uso arbitrario del derecho penal contra periodistas, comunicadores y administradores de medios digitales en San Luis Potosí, luego de la detención de tres personas vinculadas a páginas informativas, y la emisión de órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho.
De acuerdo con un pronunciamiento conjunto de Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas, las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video generado con Inteligencia Artificial (IA), en el que presuntos integrantes de la delincuencia organizada señalan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la Guardia Civil Estatal de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las organizaciones alertaron que las autoridades estatales estarían utilizando la denominada “Ley IA”, aprobada en noviembre de 2025, para procesar a periodistas y comunicadores por contenidos difundidos antes de la entrada en vigor de dicha reforma penal, lo que podría representar una violación al artículo 14 de la Constitución Mexicana, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de cualquier persona.
Entre los detenidos se encuentra Christian Herrera, creador de contenido de la página “Código Rojo”, de Ciudad Valles. Según testimonios de familiares y fuentes locales citadas por las organizaciones, el comunicador fue detenido el pasado 21 de mayo, presuntamente de manera violenta por elementos de la Fiscalía estatal, y trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila”, en la capital potosina.
Aunque versiones extraoficiales apuntan a que Herrera habría sido acusado de un supuesto robo a farmacia, hasta el momento no existe claridad pública sobre los cargos formales en su contra. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que permanece incomunicado y señalaron que, de no garantizarse contacto con su defensa y familiares, el caso podría configurar una detención arbitraria.
Ese mismo día también fueron detenidas Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página “San Wicho Times”, y su hija Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Luis Potosí capital.
La aprehensión de Reyes Aguillón ocurrió afuera de su domicilio mientras se encontraba con sus nietos, según testimonios recabados por las organizaciones. Minutos después, Alejandra Hermosillo fue detenida en el mismo lugar tras acudir luego de ser notificada sobre lo sucedido.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó posteriormente la captura de ambas mujeres, y señaló que se trataba de las primeras detenciones derivadas de la aplicación del artículo 187 Ter del Código Penal estatal, el cual sanciona el uso no autorizado de imagen, voz o identidad digital generada mediante Inteligencia Artificial.
En su comunicado, la Fiscalía sostuvo que las imputadas habrían utilizado “estructuras visuales, narrativas y gráficas” para generar apariencia de autenticidad y veracidad frente al público, incurriendo presuntamente en manipulación ilícita de imagen e identidad digital.
La reforma, impulsada por el diputado local Héctor Serrano Cortés y conocida como “Ley Serrano” o “Ley IA”, establece sanciones de uno a tres años de prisión para quienes utilicen sistemas de IA, con el propósito de crear o difundir contenidos que simulen la identidad de una persona sin autorización. Además, contempla agravantes cuando el contenido tenga fines de lucro o pretenda afectar el honor, reputación o vida privada de terceros.
Sin embargo, periodistas, activistas y organizaciones civiles han advertido desde su aprobación, que la legislación contiene conceptos ambiguos y técnicamente imprecisos, que podrían facilitar actos de censura o persecución contra voces críticas.
Las agrupaciones firmantes del posicionamiento señalaron que existen inconsistencias entre la información proporcionada a familiares, y las versiones oficiales de la Fiscalía respecto a los delitos imputados, además de cuestionar el uso de prisión preventiva oficiosa en casos relacionados con expresiones y contenidos digitales.
También informaron que tuvieron acceso a un presunto documento ministerial, donde aparecen investigadas al menos once personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora de diversos medios de comunicación en la entidad.
Torres González declaró a las organizaciones que no participó en la elaboración ni difusión del video generado con inteligencia artificial, por lo que dijo desconocer las razones por las cuales su nombre figura dentro de las investigaciones.
Ante este escenario, Artículo 19, CPJ, RSF y el resto de organizaciones, exigieron a las autoridades de San Luis Potosí garantizar investigaciones con apego a derechos humanos, transparencia sobre la situación jurídica de las personas detenidas, y respeto irrestricto a la libertad de expresión y de prensa.
Asimismo, pidieron evitar el uso del derecho penal como mecanismo de silenciamiento contra periodistas, activistas y administradores de medios digitales, especialmente en asuntos vinculados con información de interés público. Además, las organizaciones recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovió una acción de inconstitucionalidad contra la legislación potosina relacionada con Inteligencia Artificial, al considerar que podría vulnerar garantías fundamentales y abrir la puerta a restricciones indebidas sobre la libertad de expresión.
