– Organizaciones denuncian aumento de muertes y opacidad en el sistema de detención estadounidense.
Redacción / Información Internacional
Al menos 52 personas perdieron la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el segundo mandato de Donald Trump, reveló un informe de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights. El documento destaca un aumento del 77% en los detenidos, pasando de 40,000 a más de 71,000 durante el primer año de la administración. Paralelamente, la tasa de mortalidad creció un 140%, generando preocupación por la falta de atención médica.
El reporte analiza los decesos de 2015 a 2026. Reagan Williams, de HRW, señaló que el alza desproporcionada en defunciones evidencia un sistema incapaz de proteger la vida de los internos. Afirmó que la mortalidad supera al crecimiento poblacional en los centros, cuestionando la asistencia brindada. Brian Root, también de HRW, instó al Congreso a intervenir para mitigar el hacinamiento y emprender reformas estructurales que garanticen el derecho a la salud.
La investigación documenta probables negligencias, como el caso del mexicano Lorenzo Batrez Vargas, quien falleció en 2025 en Arizona, tras ser diagnosticado con Covid-19 y pasar doce días en aislamiento. Su familia inició un litigio civil, pero las autoridades federales no han entregado los expedientes clínicos completos. Otro caso es el del ucraniano Maksym Chernyak, quien sufrió un accidente cerebrovascular en reclusión; las organizaciones aseguran que un traslado tardío al hospital, pese a la emergencia evidente, propició su deceso.
El informe enfatiza que ICE restringe el flujo de información, incumpliendo su propia normativa de notificar decesos públicamente en 48 horas y detallarlos en 30 días, lo que obstaculiza la fiscalización y la rendición de cuentas. La doctora Katherine Peeler indicó que los escasos registros médicos disponibles revelan omisiones directas al deber de cuidado que el Estado debe ejercer.
A modo de cierre, el análisis advierte que este panorama expone a Estados Unidos a violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las organizaciones concluyen que la estrategia de restringir canales legales de migración y generalizar la detención obligatoria configura un modelo institucional altamente costoso que multiplica la vulnerabilidad de miles de personas.
